Alejandro Moreno sostuvo que diversas investigaciones y señalamientos internacionales sobre vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado representan un avance en las denuncias que el PRI ha impulsado durante los últimos años.
En el marco de la XLIII Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno aseguró que Morena enfrenta un escenario de creciente presión internacional por las investigaciones relacionadas con vínculos de integrantes del partido con el crimen organizado. Señaló que los casos que involucran a gobernadores, legisladores y otros funcionarios continúan acumulando información y podrían derivar en nuevas acciones por parte de las autoridades estadounidenses.
El presidente nacional del PRI afirmó que desde hace más de cinco años ha llevado estos señalamientos ante organismos internacionales como la OEA y la ONU, además de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, entre ellos el huachicol fiscal. Indicó que, aunque en México esas denuncias no han tenido el seguimiento esperado, en Estados Unidos comienzan a registrarse investigaciones y acusaciones que, dijo, coinciden con los hechos denunciados por el partido.
Por otra parte, Alejandro Moreno hizo referencia a diversos casos que han sido objeto de señalamientos públicos y revisiones por parte de autoridades, entre ellos los relacionados con funcionarios como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el gobernador de Tamaulipas y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Explicó que cada una de estas situaciones debe ser analizada mediante investigaciones formales que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho. Añadió que la atención internacional sobre estos casos refleja la importancia de que existan mecanismos efectivos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
Finalmente, Alejandro Moreno reiteró que continuará presentando denuncias y llevando información a instancias nacionales e internacionales para que se investiguen los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Sostuvo que el combate a la delincuencia organizada exige instituciones que actúen con independencia, investigaciones imparciales y la aplicación de la ley sin excepciones para ningún actor político.