Alejandro Moreno señala que las revelaciones en Estados Unidos confirman que el poder político en Sinaloa fue tomado mediante presión, violencia y complicidades

El caso Sinaloa ha dejado de ser un tema local para convertirse en un punto crítico en la discusión nacional, luego de que Alejandro Moreno afirmara que lo que ocurrió en ese estado fue una intervención directa del crimen organizado en la vida democrática. Desde su perspectiva, no se trató de un proceso electoral ordinario, sino de una operación donde el miedo, la violencia y la presión definieron el resultado en las urnas.

Alejandro Moreno describió un escenario donde operadores políticos fueron sacados de la contienda mediante amenazas y secuestros, alterando completamente las condiciones de competencia. Señaló que cientos de personas vinculadas a la organización electoral fueron levantadas para impedir su participación, lo que generó un ambiente donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al voto con libertad.

El dirigente político sostuvo que durante ese proceso se rompieron todos los principios básicos de una elección democrática, al existir una intervención sistemática para favorecer a un solo grupo político. Bajo esta lógica, afirmó que la llegada al poder en Sinaloa no respondió a una decisión ciudadana, sino a una estrategia que combinó estructura política con fuerza criminal para asegurar el control del estado.

Las recientes investigaciones en Estados Unidos, añadió Alejandro Moreno, han puesto en evidencia que estas denuncias no eran especulación. La acusación presentada en Nueva York, explicó, documenta presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el Cártel de Sinaloa, lo que confirma que existía una red que operaba desde dentro de las instituciones para facilitar actividades ilícitas y mantener control territorial.

Alejandro Moreno advirtió que el problema no se limita a una persona, sino a una estructura que habría utilizado el poder público para proteger intereses criminales. Esta situación, afirmó, ha tenido consecuencias directas en la violencia que se vive en la región, donde la ciudadanía ha sido la principal afectada por la falta de acción y por la permisividad institucional.

En este contexto, Alejandro Moreno insistió en que quienes están señalados no pueden continuar en sus cargos, ya que la magnitud de las acusaciones exige una respuesta inmediata. Subrayó que permitir que estos perfiles sigan en funciones envía un mensaje de impunidad y debilita aún más la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad.

El posicionamiento también incluyó un llamado a no normalizar este tipo de hechos, al considerar que el país enfrenta un momento decisivo. Alejandro Moreno señaló que la defensa de la democracia pasa por garantizar elecciones libres de cualquier intervención ilegal, y advirtió que seguirá denunciando lo que considera una infiltración del crimen organizado en la política mexicana.