Violencia sexual sin justicia: PRI exige a Layda Sansores rendir cuentas por más de 700 casos en Campeche
8/7/20251 min read
El PRI Campeche ha levantado la voz ante la grave crisis de violencia sexual que se vive en el estado, en medio de un preocupante aumento de casos y de la pasividad del gobierno estatal encabezado por Layda Sansores. Según datos oficiales, entre 2024 y 2025 se han abierto más de 700 carpetas de investigación por delitos sexuales, sin que hasta ahora se observe una estrategia efectiva para prevenirlos, sancionarlos o atender a las víctimas.
Desde el Congreso local, la diputada priista Delma Rabelo Cuevas presentó un exhorto formal dirigido a la Fiscalía General del Estado, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y resultados concretos en el seguimiento de estos delitos. La legisladora también hizo un llamado directo a la mandataria estatal para que asuma su responsabilidad y deje de encubrir la falta de resultados con discursos triunfalistas.
“El gobierno de Morena en Campeche le ha fallado a las mujeres. Las cifras no mienten: cientos de casos siguen sin justicia, sin protección y sin reparación del daño. No permitiremos que esta crisis se normalice ni que las autoridades guarden silencio ante el sufrimiento de tantas víctimas”, señaló la diputada Delma Rabelo, quien ha encabezado múltiples acciones desde el Congreso para visibilizar la problemática.
El PRI en Campeche ha mantenido una postura clara y firme en favor de las víctimas de violencia de género, impulsando iniciativas, acompañando a familias y promoviendo espacios para la denuncia, la atención integral y la prevención. A través de foros ciudadanos, mesas de trabajo y propuestas legislativas, el partido ha demostrado su compromiso con las causas más sensibles de la sociedad campechana.
Mientras el gobierno de Morena mantiene una postura indolente, el PRI reafirma su convicción de mantenerse del lado de la justicia, la legalidad y la protección de los derechos humanos. Las y los campechanos merecen instituciones que funcionen, leyes que se apliquen y un gobierno que actúe con humanidad y responsabilidad.