Reforma constitucional contra vapeadores y fentanilo: un paso para proteger la salud pública

En un esfuerzo por abordar los riesgos a la salud pública y la seguridad nacional, el Senado de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, comercialización y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito de fentanilo. Esta medida, respaldada por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, PRI y PAN, busca fortalecer las políticas preventivas en el país.

Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones en lo general, y 86 a favor y 39 en contra en lo particular, la reforma establece un marco legal más estricto para combatir el consumo y el comercio de estas sustancias. Aunque algunos legisladores del PRI y PAN solicitaron un enfoque basado en regulación en lugar de prohibición, la mayoría aprobó las medidas restrictivas como una solución para proteger a la población más vulnerable.

El cambio constitucional incluye la adición de un quinto párrafo al artículo cuarto, que sanciona la producción y comercialización de dispositivos como vapeadores y sustancias tóxicas no autorizadas. Asimismo, el artículo quinto limita las actividades comerciales relacionadas con estas sustancias, subrayando la necesidad de establecer un control más riguroso sobre su uso.

Enrique Inzunza, senador de Morena, presentó la iniciativa con énfasis en la necesidad de proteger a los adolescentes, quienes son los principales objetivos de la publicidad que promueve los vapeadores como alternativas seguras al cigarro. “Estos dispositivos contienen sustancias tóxicas que afectan gravemente la salud”, destacó.

En cuanto al fentanilo, la reforma resalta su impacto en la crisis de seguridad que enfrenta el país. Aunque su uso médico como anestésico y analgésico está excluido de la prohibición, las medidas buscan frenar su comercialización ilícita y combatir su impacto en la sociedad.

Si bien la reforma ha sido celebrada como un avance en la lucha por la salud y la seguridad, críticos argumentan que la prohibición podría fomentar un mercado negro y fortalecer a grupos delincuenciales. No obstante, el Senado sostiene que esta medida refuerza el compromiso del Estado mexicano con la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas del crimen organizado y los riesgos de salud pública.

Con esta decisión, México se posiciona como un país que prioriza el bienestar y la seguridad de su población, enviando un mensaje claro sobre su postura en temas de salud y regulación de sustancias.