“Narcomorena: cuando la seguridad nacional se negocia en lo oscuro”

La violencia se disparó en México bajo el mandato de la 4T. El PRI denuncia que la política de seguridad desde la inacción y complicidad es en realidad una rendición ante el narco. La ciudadanía está sola ante la delincuencia.

En México, la violencia ya no es un síntoma: es el sistema. Bajo el gobierno de Morena, y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como rostro central de la llamada "Cuarta Transformación", el país ha experimentado cifras récord de homicidios, desapariciones y control territorial por parte de los cárteles.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 186 mil homicidios dolosos se registraron durante el sexenio de López Obrador, el periodo más violento de la historia contemporánea del país. Además, más de 50 mil personas fueron reportadas como desaparecidas entre 2018 y 2024, muchas de ellas en zonas dominadas por el crimen organizado.

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta crisis no fue un accidente ni una consecuencia inevitable, sino el resultado de una estrategia de seguridad basada en la pasividad, la permisividad y la renuncia al uso legítimo del poder del Estado.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lo dice sin ambigüedades:

“La seguridad nacional no puede negociarse en lo oscuro ni cederse al crimen organizado. La política de abrazos, no balazos, fue una rendición disfrazada de humanidad. Y en esa rendición, los únicos beneficiados fueron los cárteles.”

El poder en manos del crimen

Los ejemplos abundan:

• En estados como Sinaloa, Michoacán, Zacatecas o Guerrero, la presencia del narco se impone sobre la autoridad local.

• En elecciones recientes, se documentaron amenazas, asesinatos de candidatos y manipulación territorial por parte de grupos delictivos.

• Municipios enteros viven bajo toques de queda impuestos por cárteles, mientras las fuerzas federales evitan intervenir.

Organizaciones como México Evalúa y Causa en Común han documentado la ausencia de reacción gubernamental en regiones violentas, y el debilitamiento deliberado de las fuerzas policiales civiles.

La ciudadanía, desamparada

Mientras el gobierno de Morena optó por minimizar la crisis y evitar confrontar directamente a los grupos criminales, la ciudadanía quedó a merced de extorsiones, cobros de piso, desapariciones y violencia cotidiana.

Comerciantes, transportistas, periodistas, mujeres, niñas y jóvenes son las víctimas directas de un Estado que prefirió la inacción antes que el conflicto con los cárteles.

“¿Dónde está el Estado cuando una familia no puede salir de su comunidad por miedo al crimen? ¿Dónde están los operativos cuando un reportero recibe amenazas? ¿Dónde está el presidente cuando la delincuencia toma el control de una elección?”, cuestionó Alejandro Moreno.

Desde el PRI, la postura es clara: no se puede construir paz desde la sumisión ni gobernabilidad desde la cobardía. Urge una estrategia real, con inteligencia, presencia territorial y una voluntad política que no tema enfrentarse al poder criminal.

“Lo que vivimos no es paz: es silencio impuesto por el miedo. No es estabilidad: es una tregua comprada a costa de vidas humanas”, concluyó el dirigente priista.