Morena predica democracia, pero actúa con persecución: el caso Alejandro Moreno

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República y presidente nacional del PRI, denunció una nueva embestida legal en su contra orquestada por la Fiscalía del Estado de Campeche, una instancia que ha sido señalada en repetidas ocasiones por su subordinación política al partido Morena. El mensaje es claro y contundente: se trata de un nuevo intento del oficialismo por silenciar a una de las voces más incómodas para el régimen.

Desde 2022, explica Moreno, se han fabricado múltiples acusaciones en su contra, todas ellas sin sustento jurídico, según resoluciones firmes de jueces federales y tribunales colegiados. La insistencia en reactivar procesos que ya han sido desechados por la vía judicial exhibe no sólo una persecución sistemática, sino un abuso del aparato estatal con fines políticos.

La contradicción en el discurso de Morena salta a la vista. Mientras proclaman respeto al Estado de derecho y a la democracia, en la práctica operan como un régimen autoritario que ataca, acosa y persigue a quien osa exhibir sus errores o cuestionar sus vínculos con estructuras criminales. El uso de las fiscalías locales como brazo de intimidación política contradice los valores republicanos que dicen defender.

El dirigente priista recordó que un Tribunal Colegiado determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en su contra, al establecer que su patrimonio fue adquirido de manera lícita antes de ser gobernador. Asimismo, recalcó que la suspensión del proceso de desafuero no fue por un simple amparo, sino porque no existen pruebas de actos ilícitos que lo justifiquen. Y, sin embargo, hoy la Fiscalía vuelve a insistir, sin nuevos elementos, en un nuevo proceso de desafuero que sólo puede entenderse como una estrategia de desgaste político.

“Están utilizando las técnicas de amago y extorsión que se utilizaban en la Inquisición”, señaló con firmeza Alejandro Moreno, denunciando que lo que se pretende es forzar una declaración en su contra por medio de presión judicial, para suplir la ausencia de pruebas reales. Lo que se exhibe aquí no es un afán de justicia, sino una política de venganza.

Este nuevo capítulo debe encender las alarmas. No se trata únicamente del caso de un dirigente partidista, sino de una señal del tipo de país que Morena está construyendo: uno donde el que piensa distinto, el que denuncia o incomoda, es castigado con todo el peso del aparato gubernamental.

En un país donde la violencia se dispara y los vínculos entre estructuras criminales y actores políticos crecen, resulta preocupante que el gobierno dedique tantos recursos a perseguir opositores en lugar de combatir al crimen. Y más aún, cuando quien acusa a Alejandro Moreno es el mismo partido que ha sido señalado por permitir, encubrir y tolerar la expansión del narco en distintos territorios del país.

El mensaje de Alejandro Moreno fue firme: “Tengan duda, esta la volveré a ganar”. Pero el trasfondo va más allá de lo jurídico. Estamos frente a una lucha por la libertad política en México, y lo que hoy le ocurre a un dirigente opositor, mañana podría ser la norma contra cualquiera que se atreva a disentir.