Morena avanza en el control de telecomunicaciones y competencia

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha presentado un proyecto de ley para eliminar varios órganos autónomos en México, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La propuesta busca que el gobierno federal asuma las funciones de estas instituciones, con el argumento de reducir gastos administrativos y destinar los recursos ahorrados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, en línea con la política de austeridad promovida por la administración de Morena.

Este dictamen propone modificaciones a catorce artículos de la Constitución y planea absorber las atribuciones de los órganos autónomos en áreas clave como la regulación de telecomunicaciones, competencia económica y transparencia. La iniciativa argumenta que estas funciones pueden ejecutarse de manera más eficiente bajo el control del gobierno central, evitando duplicidades administrativas y optimizando el uso de recursos públicos.

Morena asegura que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de los organismos afectados, quienes podrían ser reubicados en otras dependencias gubernamentales. No obstante, la propuesta ha generado críticas entre los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, quienes sostienen que la eliminación de estos órganos autónomos representa una amenaza para la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes en el país.

La votación de la iniciativa está programada para la próxima semana en la Cámara de Diputados. De ser aprobada, implicaría un cambio estructural en la administración pública y en la regulación de sectores estratégicos en México. Morena sostiene que este cambio responde a una necesidad de simplificar y fortalecer la administración pública; sin embargo, los críticos temen que esta concentración de poder podría vulnerar los derechos de los ciudadanos a una información pública transparente y afectar la imparcialidad en temas de competencia y telecomunicaciones.