México fragmenta caravanas migrantes en medio de críticas de derechos humanos
Esta política busca frenar el flujo hacia la frontera con #EU, influida por la presión de Washington y el aumento de controles migratorios.
11/28/20241 min read
El gobierno de México ha adoptado medidas para disolver caravanas de migrantes con el objetivo de evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos, un esfuerzo impulsado por presiones de Washington. A través de la entrega de visas humanitarias y el uso de transporte oficial, las autoridades han distribuido a los migrantes hacia diversos estados como Tabasco y Guerrero, alejándolos de las rutas tradicionales hacia el norte.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca reducir el flujo masivo hacia la frontera, en un contexto donde la política migratoria mexicana ha estado bajo escrutinio internacional. El aumento de controles en la frontera sur del país y la reubicación de migrantes a puntos más lejanos también pretenden aliviar la carga administrativa en las estaciones migratorias, que a menudo operan al límite de su capacidad.
A pesar de estos esfuerzos, diversas organizaciones de derechos humanos han criticado las medidas, argumentando que incrementan los riesgos para los migrantes. Según estas organizaciones, las políticas actuales exponen a los migrantes a condiciones precarias, prolongados tiempos de espera para obtener documentos y situaciones de violencia, especialmente en zonas con alta presencia de crimen organizado.
Por su parte, los migrantes han expresado su frustración por el trato recibido y las dificultades para avanzar en su camino hacia Estados Unidos. Muchos relatan haber sido engañados respecto a los destinos del transporte ofrecido por el gobierno, lo que ha generado tensiones en diversos puntos del país.
La dinámica actual evidencia un balance complejo para México, que debe responder tanto a la presión de su vecino del norte como a las demandas de protección de los derechos humanos. La política migratoria mexicana, tradicionalmente vista como un corredor de tránsito, ahora enfrenta un desafío adicional: reconciliar sus obligaciones internacionales con las realidades políticas y económicas internas.