Los empresarios pueden estar tranquilos, la elección judicial aportará transparencia y una mayor certidumbre

La democratización del Poder Judicial

Uno de los aspectos más debatidos sobre esta reforma ha sido la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados. Ortiz defiende este proceso argumentando que fortalece la autonomía del Poder Judicial y reduce la influencia de intereses políticos y económicos. "La elección nos vuelve más cercanos a la ciudadanía. No estamos comprometidos con poderes fácticos ni partidos políticos; es la ciudadanía la que va a elegirnos", afirmó la ministra.

Según Ortiz, la democratización del Poder Judicial también permitirá que los jueces rindan cuentas directamente a la sociedad, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando una justicia más transparente y equitativa.

Propuestas clave para la modernización judicial

Ortiz enfatizó la necesidad de reformar el sistema judicial para hacerlo más eficiente. "En muchas ocasiones se resuelve conforme a la legalidad, pero no de manera justa. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una interpretación adecuada de las normas para garantizar que las decisiones judiciales sean equitativas", señaló.

Uno de los principales problemas del sistema actual es la falta de plazos establecidos para la resolución de expedientes, lo que genera retrasos significativos en la impartición de justicia. "Hay casos que llevan más de 12 o 15 años sin resolverse. Esto no solo afecta a las personas involucradas, sino que también impacta en la paz social y la confianza en el sistema judicial", agregó Ortiz.

Para abordar este problema, propone la implementación de plazos obligatorios para la resolución de casos, asegurando que los jueces tengan un tiempo límite para dictar sentencias. Además, apuesta por una mayor digitalización de los expedientes y la automatización de procesos para reducir la burocracia y agilizar el trabajo de los tribunales.

Resistencia y preocupaciones del sector empresarial

Algunos sectores, particularmente en el ámbito empresarial, han manifestado preocupaciones sobre la reforma judicial, temiendo que pueda generar incertidumbre en materia de inversiones y litigios contra el Estado. Ortiz descartó estas inquietudes, asegurando que la reforma no afectará la seguridad jurídica ni la equidad en los juicios.

"Es erróneo pensar que con esta reforma ya no se podrá ganar un juicio contra el Estado, Pemex o CFE. La impartición de justicia seguirá basándose en el Estado de derecho, respetando la Constitución y los tratados internacionales. Necesitamos garantizar la inversión, tanto nacional como extranjera, a través de un sistema judicial confiable y eficiente", afirmó la ministra.

Prisión preventiva y la necesidad de una reforma integral

Uno de los puntos más controversiales dentro de la reforma judicial es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ortiz considera que es necesario revisar esta figura para alinearla con los estándares internacionales de derechos humanos. "Una cosa es aplicar la prisión preventiva de manera justificada y otra es que se mantenga como una medida automática. Lo ideal sería que jueces y magistrados tuvieran que justificar cada caso, asegurando que no se violen los derechos fundamentales de los acusados", explicó.

Asimismo, destacó que la reforma judicial debe ir acompañada de una reestructuración del Ministerio Público Fiscal. "Si queremos un sistema de justicia eficiente, necesitamos que las fiscalías también sean reformadas. De lo contrario, no veremos cambios reales en la impartición de justicia", advirtió Ortiz.

Desafíos y expectativas a futuro

A pesar de las críticas, Ortiz se muestra optimista respecto al impacto de la reforma judicial y confía en que, a largo plazo, generará mejoras sustanciales en el acceso a la justicia y la transparencia en la resolución de casos. "Este cambio nos va a llevar tiempo. Las mejoras más visibles no serán inmediatas, pero estoy convencida de que estamos transitando un camino superador en materia de modernización y acceso a la justicia", concluyó.

La elección judicial representa un momento clave para el sistema legal mexicano. Si bien aún hay muchos desafíos por enfrentar, la implementación de reformas estructurales podría marcar un antes y un después en la historia del Poder Judicial en México.