¡Escándalo mundial! Defensores internacionales acusan a Morena de usar la justicia para callar a Alejandro Moreno
Organismos de derechos humanos con estatus consultivo en la ONU denunciaron que el gobierno mexicano aplica persecución política contra el líder opositor, Alejandro Moreno.
8/18/20252 min read
La denuncia contra el Gobierno de México ha trascendido las fronteras. Dos organizaciones con reconocimiento internacional —Bonaire Human Rights Organization y Nos Kier Boneiru Bek— señalaron que la administración del gobierno federal en México, liderada por Morena, ha emprendido una persecución política sin precedentes contra Alejandro Moreno, actual presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Estos organismos subrayan que el hostigamiento judicial y mediático contra un líder opositor evidencia prácticas propias de gobiernos autoritarios que buscan callar voces críticas.
El señalamiento no es menor: se trata de entidades con presencia ante la ONU, lo que significa que las acusaciones se colocan en el radar internacional como un caso de presunta violación a los derechos humanos y a las libertades políticas. La gravedad radica en que este tipo de persecución vulnera la democracia mexicana en su núcleo, debilitando la pluralidad política y la confianza en las instituciones judiciales.
Para los defensores internacionales, lo ocurrido con Alejandro Moreno constituye un retroceso histórico, pues en lugar de consolidar un Estado de derecho moderno, México estaría incurriendo en prácticas que recuerdan a etapas de represión y censura del pasado. Además, advirtieron que esta “guerra jurídica” podría escalar hacia escenarios más peligrosos, donde la integridad física del opositor y de su familia estaría en riesgo.
Davika Bissessar, presidenta de Bonaire Human Rights Organization, y James Finis, líder de Nos Kier Boneiru Bek, afirmaron en Nueva York que la presión judicial contra Moreno no es un hecho aislado, sino un síntoma de cómo en México se acalla a quienes representan voces críticas frente al poder. Calificaron estas acciones como parte de una “guerra jurídica” propia de regímenes autoritarios.
Los activistas destacaron que, lejos de fortalecer la legalidad, el Estado mexicano erosiona la confianza en las instituciones al utilizarlas con fines partidistas. Recordaron que el derecho internacional prohíbe cualquier forma de criminalización de la disidencia política y subrayaron que esta práctica contradice los compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos.
El pronunciamiento ha encendido un debate más amplio: ¿qué tan sólida es la democracia mexicana si organismos internacionales alertan sobre un patrón de persecución política? La respuesta, advierten, determinará la credibilidad del país en la escena mundial.