Diputados prohíben vapeadores y alertan sobre riesgos a la salud
Diputados aprueban reforma constitucional que prohíbe vapeadores, generando controversia sobre regulación, salud pública y riesgos de mercado negro.
12/4/20242 min read
La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias tóxicas no autorizadas, incluyendo el tráfico ilegal de fentanilo. La decisión se integra en el llamado “Plan C” y busca combatir los riesgos a la salud asociados a estos dispositivos, cuyo uso se ha disparado especialmente entre adolescentes.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, aproximadamente 500,000 menores y 300,000 adultos en México utilizan vapeadores. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó que, para ese año, alrededor de cinco millones de personas habían probado estos dispositivos. Los legisladores señalaron que el vapeo puede propiciar el aumento de fumadores convencionales y el desarrollo de enfermedades pulmonares.
La diputada Adriana Bustamante, de Morena, defendió la medida argumentando que los dispositivos no solo dañan la salud, sino también generan basura electrónica significativa. Sin embargo, representantes del PAN y el PRI, aunque votaron a favor, cuestionaron la pertinencia de incluir estas prohibiciones en la Constitución. Cynthia López Castro, del PRI, afirmó que “la Constitución no es el lugar adecuado para este tipo de restricciones” y advirtió sobre el riesgo de fomentar el mercado negro en lugar de una regulación efectiva.
El artículo 5º constitucional, que garantiza la libertad de dedicarse a cualquier actividad lícita, fue modificado para incluir esta prohibición. Críticos como el diputado Miguel Rodarte del PAN señalaron que este cambio abre la puerta a futuras restricciones sobre otras actividades legales.
La medida también incluyó una condena al tráfico de fentanilo, cuyos efectos devastadores en la salud pública han generado preocupación internacional. Legisladores resaltaron la necesidad de atacar tanto el consumo como la producción y distribución de drogas sintéticas.
Este dictamen refleja la creciente atención hacia las adicciones y problemas de salud asociados a nuevas tecnologías y sustancias, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre regulación, prohibición y libertades individuales.