Congreso aprueba Reforma de Supremacía Constitucional entre críticas
México aprueba reforma que limita recursos judiciales contra enmiendas constitucionales, entre críticas de organizaciones civiles y apoyo de Morena.
Redacción
11/1/20241 min read
Las Cámaras de Diputados y Senadores de México aprobaron una reforma de supremacía constitucional promovida por Morena, que limita los recursos legales contra reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. La medida, según el partido oficialista, busca evitar el “activismo político” de jueces y magistrados, quienes en ocasiones han invalidado leyes impulsadas por el Congreso.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la enmienda, afirmando que no introduce principios nuevos, sino que formaliza en la Constitución disposiciones que ya existen en la Ley de Amparo. Los cambios realizados afectan los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que no procederán controversias constitucionales ni juicios de amparo contra adiciones o reformas constitucionales.
El artículo transitorio añadido declara que los recursos actualmente en trámite para cuestionar reformas serán desechados. La medida ha sido interpretada por la oposición como un intento de concentrar poder, y organizaciones civiles han señalado que impide a los ciudadanos defenderse frente a cambios constitucionales que puedan afectarlos.
Ricardo Monreal, senador de Morena, argumentó que la reforma fortalece el Estado de derecho al “reafirmar que nada ni nadie está por encima de la Constitución.” Diputados como Katia Alejandra Castillo, también de Morena, sostienen que la reforma aporta certeza jurídica y evita que la voluntad popular plasmada en la Constitución sea cuestionada judicialmente.
Sin embargo, voces de la oposición, como el diputado del PRI César Alejandro Domínguez, critican la medida, señalando que va en contra de principios fundamentales de la Constitución de 1917, como la separación de poderes. Diputados del PAN y MC también cuestionan la reforma, afirmando que representa un retroceso para la democracia mexicana al dificultar la revisión judicial de cambios constitucionales.
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia alertan sobre el impacto a largo plazo de esta limitación judicial, señalando que debilita la protección de derechos humanos al impedir el desarrollo de una doctrina de revisión constitucional en el país.