La dirigencia nacional del PRI señala que la infiltración del crimen organizado en las aduanas y estructuras de poder está cobrando la vida de funcionarios que intentaron frenar el contrabando de combustibles.
La seguridad nacional enfrenta un nuevo y alarmante frente de batalla que el oficialismo se niega a reconocer. Carolina Viggiano Austria, secretaria general del PRI, manifestó que detrás de la multimillonaria evasión de impuestos conocida como “huachicol fiscal” existe una red criminal capaz de ejecutar a funcionarios clave que se atreven a denunciar la corrupción en las aduanas. La senadora puntualizó que casos como el del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar —asesinado tras denunciar ante altos mandos de la Marina una red de contrabando de hidrocarburos— no son aislados, sino que revelan una peligrosa simbiosis entre el crimen organizado y ciertas estructuras del poder político que permiten el saqueo del patrimonio nacional.
Viggiano Austria sostuvo que este esquema de defraudación, que se estima en más de 600 mil millones de pesos anuales, es hoy el negocio más lucrativo y violento del país. El orgullo del gobierno de Morena de haber “terminado” con el robo de combustibles se desmorona ante la realidad de las importaciones ilícitas que pasan “en las narices” de las autoridades fiscales. La senadora hidalguense manifestó que el asesinato de figuras que ostentaban mandos operativos en puertos y fronteras es un mensaje directo para silenciar cualquier intento de limpieza institucional. Para el PRI, la inacción del gobierno federal no es solo incompetencia, sino una señal de que los pactos de impunidad han llegado a los niveles más altos de la administración pública.
Desde la dirigencia del tricolor, se señaló que el control de las aduanas por parte de fuerzas armadas no ha servido para frenar el flujo de diésel y químicos contrabandeados, sino que ha expuesto a los elementos honestos a la venganza de los carteles. Carolina Viggiano manifestó que la Ciudad de México y los estados fronterizos se han convertido en escenarios de una guerra silenciosa donde funcionarios del SAT y de la Marina son blanco de ataques sistemáticos. Sostuvo que es imperativo tipificar el huachicol fiscal con penas severas de hasta 30 años, equiparándolo con delitos de seguridad nacional, para evitar que las redes criminales sigan operando con el amparo de sanciones administrativas mínimas que fomentan la reincidencia.
Finalmente, la dirigencia nacional del PRI concluyó exigiendo una investigación exhaustiva que rompa los vínculos entre la “narcopolítica” y el sistema aduanero. Aseguró que el país no puede recuperar la paz mientras el dinero del contrabando financie estructuras políticas y cobre la vida de quienes cumplen con su deber. Con un llamado a la Fiscalía General de la República para que no deje estos crímenes en el olvido, el PRI cerró su mensaje puntualizando que su compromiso es con la legalidad y la justicia, reafirmando que solo con carácter y transparencia se podrá desmantelar el entramado de sangre y corrupción que hoy asfixia a México.
