Apoyos condicionados, bienestar manipulado
El PRI Campeche acusa al gobierno de Layda Sansores de usar los programas sociales con fines electorales, excluyendo a opositores del beneficio público.
8/1/20252 min read
De cara al informe de gobierno que rendirá la gobernadora Layda Sansores el próximo 1 de agosto, crece la indignación entre sectores ciudadanos, líderes comunitarios y fuerzas políticas de oposición por el uso faccioso de los programas sociales en el estado. La acusación central es contundente: los apoyos no están llegando con criterios de justicia social, sino con fines de control político y castigo a la disidencia.
El PRI Campeche ha denunciado lo que considera una “práctica perversa y sistemática” por parte del gobierno morenista: utilizar los recursos públicos, diseñados para aliviar la pobreza y fortalecer el bienestar, como mecanismos de presión, exclusión y manipulación electoral. En vez de dignificar la política social, el actual gobierno —acusan— la ha reducido a una moneda de cambio basada en la lealtad partidista.
Testimonios que no pueden ignorarse
A lo largo del último año, decenas de testimonios documentados por medios locales y organizaciones civiles revelan un patrón preocupante: servidores públicos que piden credenciales de elector a cambio de apoyos; personas excluidas de padrones por militar en otros partidos; censos manipulados para beneficiar a simpatizantes de Morena; y amenazas veladas contra quienes cuestionan las decisiones del gobierno.
“¿Qué va a decir la gobernadora este 1 de agosto? ¿Tendrá el valor de reconocer que se ha utilizado el hambre como herramienta política? ¿Que se ha manipulado la esperanza de la gente para obtener respaldo electoral?”, cuestionó la dirigencia del PRI Campeche en un posicionamiento reciente. Pero más allá del reclamo partidista, el malestar social se percibe en comunidades marginadas, donde la exclusión se vive a diario, y donde la ciudadanía ya no calla ante el uso discrecional del presupuesto público.
Transparencia y rendición de cuentas: exigencia urgente
El PRI Campeche ha solicitado con firmeza la publicación íntegra de los padrones de beneficiarios, los criterios de selección, los montos entregados y la forma en que se ha distribuido el presupuesto de los programas sociales durante este sexenio. “Es inadmisible que en pleno 2025 aún se utilicen los apoyos para chantajear o condicionar la libertad política de las personas”, señalaron.
Además, hicieron un llamado a organismos autónomos como la Auditoría Superior del Estado y el Instituto de Transparencia local para que inicien revisiones a fondo del ejercicio de los recursos sociales y la legalidad de su aplicación.
El hartazgo ciudadano se acumula
En un contexto marcado por la desigualdad, el deterioro de servicios básicos y la creciente desconfianza hacia las instituciones, la ciudadanía campechana está agotada de promesas sin sustento y del uso político del dolor ajeno. Lo que alguna vez se presentó como una “revolución de conciencias” ha terminado —en palabras de diversos sectores sociales— como una estrategia de control desde el poder.
“Los programas sociales no deben ser un premio a la obediencia ni un castigo a la crítica. Son un derecho, no una dádiva. Y su uso con fines políticos no solo es inmoral, es ilegal”, afirmó el PRI Campeche, quien reiteró su compromiso para acompañar a todas las víctimas de esta manipulación y presentar las denuncias necesarias.
¿Reconocerá Layda Sansores esta realidad en su informe?
La sociedad campechana y su oposición exigen que el informe de gobierno no sea una ceremonia de propaganda, sino un acto de rendición de cuentas. Porque el bienestar no puede depender de la lealtad, ni la pobreza debe usarse como herramienta electoral. Y si la mandataria no ofrece respuestas claras y verificables, habrá demostrado que su gobierno está más interesado en conservar poder que en combatir la desigualdad que dice enfrentar.