¡Alerta nacional! La Ley General de Aguas: una amenaza que pone en riesgo el derecho humano al recurso.
Expertos y campesinos denuncian que la iniciativa, impulsada por la actual administración, abre la puerta al acaparamiento encubierto, elimina la participación ciudadana y condena la producción agrícola al despojo de sus derechos históricos.
11/24/20252 min read
La propuesta de la Ley General de Aguas, presentada ante el Congreso de la Unión, ha generado una alarma mayúscula entre la sociedad civil, académicos y productores del campo, quienes la califican como un retroceso que atenta contra el mandato constitucional del Derecho Humano al Agua. La iniciativa, lejos de garantizar la equidad y la sustentabilidad, ha sido señalada por sus críticos como un "lobo con piel de oveja" que prioriza el control estatal sin resolver el problema de fondo: la concentración del recurso y la gestión corrupta.
Uno de los puntos más polémicos y que golpea directamente a la economía familiar y al arraigo del campo es la prohibición de la transmisión de títulos de concesión entre particulares. Productores agrícolas y campesinos han alertado que esta medida pone en riesgo su producción y los derechos adquiridos. Al impedir que los derechos de agua se hereden o se transmitan, se genera una indefensión jurídica que aniquila las cadenas productivas familiares y desincentiva a las nuevas generaciones a permanecer en el campo, condenando a miles de pequeños productores a perder su patrimonio hídrico.
Además, organizaciones civiles denuncian que la ley minimiza la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la gestión integral del agua. Pese a que el texto constitucional obliga a incluir a la sociedad, la iniciativa limita o elimina la intervención de la ciudadanía en los organismos de cuenca, generando opacidad en el manejo de las concesiones y propiciando un monopolio informativo. Esta falta de transparencia es una simulación que facilita el acaparamiento y la concentración del agua en favor de grandes intereses, dejando a las comunidades sin voz.
La iniciativa también introduce un régimen de criminalización con la imposición de multas millonarias (hasta de 5.6 millones de pesos) e incluso penas de prisión para quienes hagan mal uso o "acaparen" el recurso. Si bien se busca combatir el uso indebido, los críticos advierten que estas sanciones son desproporcionadas y podrían usarse facciosamente para perseguir y silenciar a pequeños productores o incluso para criminalizar la investigación científica y la divulgación de información que cuestione la gestión gubernamental.
En definitiva, la Ley General de Aguas es vista por la sociedad organizada como un intento de centralizar el control del recurso sin asegurar su acceso equitativo y asequible. Al restringir el derecho humano al agua solo a asentamientos legalmente constituidos y al no garantizar el saneamiento, la propuesta se aleja de los mandatos internacionales y constitucionales. La exigencia es clara: la iniciativa debe ser rechazada o modificada radicalmente para asegurar que el agua sea tratada como un derecho humano y no como una mercancía para el control político