Alejandro Moreno señaló que la violencia registrada en Sinaloa evidencia cómo el debilitamiento del Estado termina afectando directamente a las familias y comunidades del país.

La crisis de violencia en Sinaloa comenzó a generar preocupación en otras regiones del país debido al impacto social que provoca el fortalecimiento del crimen organizado. Alejandro Moreno señaló que el crecimiento de estos grupos no solo deteriora la seguridad pública, sino que modifica la vida cotidiana de miles de familias que terminan atrapadas entre amenazas, miedo e incertidumbre ante la incapacidad gubernamental para recuperar el control territorial.

Frente a ese escenario, el senador afirmó que existe inquietud por posibles intentos de extender mecanismos de presión política y control social hacia estados como Coahuila. Alejandro Moreno sostuvo que la utilización de operadores políticos o programas públicos para influir sobre comunidades representa un riesgo que debe atenderse antes de que las condiciones de violencia observadas en otras entidades comiencen a reproducirse en regiones que han mantenido estabilidad y orden social.

Al referirse al contexto político de la región, el presidente nacional del PRI mencionó que Américo Villarreal Santiago encabeza los programas del Bienestar en Coahuila y recordó los señalamientos públicos realizados contra el gobierno de Tamaulipas por presuntas relaciones de tolerancia hacia grupos criminales. Alejandro Moreno indicó que la ciudadanía demanda autoridades confiables y gobiernos capaces de garantizar seguridad sin permitir espacios de impunidad o complicidad política.

Desde su perspectiva, Coahuila logró construir condiciones de estabilidad mediante coordinación institucional y acciones permanentes de seguridad pública. Alejandro Moreno aseguró que continuará denunciando cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, al considerar que el principal reclamo social de las familias mexicanas es recuperar la tranquilidad y evitar que la violencia siga afectando comunidades, actividades económicas y espacios públicos.