Alejandro Moreno informó que el PRI prepara una denuncia ante el INE para solicitar que Morena sea investigado por presuntos vínculos con estructuras criminales y planteó incluso la revisión de su registro como partido político.
Alejandro Moreno elevó nuevamente el tono del debate político nacional al anunciar que el PRI ya prepara una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar que Morena sea investigado por presuntos vínculos con estructuras criminales. Durante una entrevista televisiva, el senador y presidente nacional del PRI sostuvo que su partido buscará que las autoridades electorales analicen si existen elementos suficientes para considerar responsabilidades políticas y legales de fondo. La declaración ocurre en medio de un contexto donde la seguridad pública, la violencia y los señalamientos sobre posibles nexos entre actores políticos y grupos delictivos se han convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.
En su posicionamiento, Alejandro Moreno explicó que la denuncia pretende abrir una discusión institucional sobre los alcances legales y electorales de los hechos denunciados públicamente en los últimos años. El priista argumentó que no puede existir tolerancia cuando hay sospechas de protección política o permisividad frente al crimen organizado, particularmente en estados donde la violencia ha tenido un impacto directo en la vida pública y en los procesos electorales. Bajo esa lógica, insistió en que las autoridades deben actuar con independencia y sin cálculos políticos, pues sostuvo que el deterioro institucional afecta directamente la confianza ciudadana y la estabilidad democrática del país.
Como parte de su argumentación, el presidente nacional del PRI recordó precedentes en los que el propio Morena promovió procedimientos ante las autoridades electorales contra otros partidos por presuntas violaciones a la equidad en las campañas. Alejandro Moreno mencionó el caso relacionado con el Partido Verde y la utilización sistematizada de influencers y publicidad digital, donde, según explicó, el INE acreditó irregularidades aunque sin determinar una sanción extrema como la pérdida de registro. Con ello, el priista buscó colocar sobre la mesa el criterio de que las instituciones deben actuar bajo parámetros similares y analizar con profundidad cualquier conducta que pudiera comprometer la legalidad electoral o la integridad del sistema democrático.
La postura del PRI también refleja un intento por trasladar el debate político hacia el terreno institucional y jurídico, alejándolo únicamente del intercambio mediático entre partidos. Alejandro Moreno señaló que la denuncia será presentada tanto a nivel nacional como internacional, argumentando que la preocupación sobre seguridad y crimen organizado en México ha trascendido fronteras y ha generado observaciones desde distintos espacios internacionales. El mensaje busca construir una narrativa donde el PRI aparezca como una fuerza política que presiona para que exista supervisión, investigación y rendición de cuentas frente a temas que hoy generan inquietud social y cuestionamientos públicos.
Además del impacto político inmediato, las declaraciones del senador priista evidencian la intención de consolidar un discurso opositor centrado en la defensa de las instituciones democráticas y la exigencia de legalidad. En un escenario marcado por la polarización política, el PRI intenta posicionarse como una fuerza que impulsa mecanismos de revisión y control institucional, particularmente en temas relacionados con elecciones, seguridad y transparencia. La narrativa también busca conectar con sectores ciudadanos que demandan mayor claridad sobre el papel del Estado frente al avance de la violencia y la necesidad de fortalecer la confianza en las autoridades electorales.
Las declaraciones de Alejandro Moreno se producen en un momento donde el debate sobre gobernabilidad y seguridad pública mantiene una fuerte presencia en la conversación nacional. Por ello, el PRI apuesta por colocar el tema dentro de una discusión más amplia sobre responsabilidad política, legalidad y equilibrio democrático. Bajo esa visión, el partido intenta construir una posición de contraste frente al oficialismo, presentando la exigencia de investigaciones y sanciones como parte de una estrategia para fortalecer las instituciones y garantizar que ningún actor político quede fuera del alcance de la ley.