Alejandro Moreno advierte que el uso de fuerzas federales para resguardar a perfiles señalados distorsiona la función del Estado y debilita la confianza pública
La decisión de asignar protección de la Guardia Nacional a Rubén Rocha Moya, luego de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, ha abierto un nuevo frente de discusión política. En este escenario, Alejandro Moreno ha fijado una postura crítica al considerar que esta medida refleja un uso cuestionable de las instituciones de seguridad en un momento donde la ciudadanía enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad.
El punto de partida del señalamiento radica en el contexto: una entidad marcada por la violencia, con comunidades que demandan mayor presencia de las fuerzas de seguridad, frente a una decisión que prioriza la protección de un actor político bajo señalamientos. Esta contradicción, desde la óptica del líder priista, obliga a revisar cómo se están definiendo las prioridades en materia de seguridad pública.
Más allá del caso específico, el planteamiento abre una discusión de fondo sobre el papel del Estado. Cuando las instituciones encargadas de proteger a la población son utilizadas para resguardar a figuras bajo cuestionamiento, se genera una percepción de desequilibrio. La seguridad deja de entenderse como un derecho colectivo y comienza a percibirse como un recurso selectivo.
Alejandro Moreno ha insistido en que este tipo de decisiones también tienen implicaciones en la legitimidad institucional. La confianza en las autoridades depende, en gran medida, de que actúen con imparcialidad y bajo criterios claros. Cuando se percibe que existen privilegios, esa confianza se erosiona y se debilita la relación entre ciudadanía y gobierno.
En este análisis, también se incorpora el impacto que puede tener en los procesos de investigación. La protección institucional a una persona señalada puede interpretarse como un mensaje de respaldo político, lo que complica la percepción de autonomía de las instancias encargadas de investigar. Este elemento resulta especialmente delicado en contextos donde se exige transparencia y rendición de cuentas.
Otro ángulo relevante es el uso de recursos públicos. La Guardia Nacional, como institución de seguridad, tiene como función principal atender riesgos que afectan a la población. Su despliegue en favor de actores políticos bajo cuestionamiento abre un debate sobre la asignación de estos recursos y sobre si están siendo utilizados conforme a las necesidades reales del país.
Finalmente, Alejandro Moreno ha planteado que este caso debe servir para reflexionar sobre el rumbo institucional en materia de seguridad. La exigencia central es que la ley se aplique sin excepciones y que las instituciones actúen con claridad, evitando cualquier señal que pueda interpretarse como protección indebida. En un entorno complejo, la consistencia en las decisiones públicas es clave para sostener la credibilidad del Estado.
